Si pensás que el paso de una multitud por la Ciudad de Buenos Aires, Luján o Córdoba es solo un asunto de vallas y policías de tránsito, estás mirando el operativo equivocado. Durante casi 70 horas, cada paso que des cerca del recorrido papal va a alimentar en tiempo real un tablero digital de control que integra domos 4K, videoanalítica predictiva y triangulación de antenas de telefonía.
El problema no es si el Papa llena la avenida o si el operativo evita un embotellamiento. El punto crítico es qué pasa el lunes siguiente: la visita dura cuatro días, pero el software de comando y control, las licencias GovTech y la interoperabilidad de bases de datos entre fuerzas federales y provinciales quedan instaladas en los centros de monitoreo para siempre.
La multitud como mapa de calor
El control de masas en el siglo XXI ya no depende del ojo humano en una garita. Los sistemas de videoanalítica contratados para megaeventos permiten contar personas en tiempo real, identificar flujos anómalos de circulación, leer patentes a velocidad de autopista y emitir alertas tempranas si un perímetro se satura.
A esto se suma el dispositivo que llevás en el bolsillo. No hace falta que te bajes una app ni que te registres en ninguna web oficial: la simple conexión de tu celular a las celdas móviles y a los puntos de enlace temporales permite a las autoridades trazar mapas de calor dinámicos con la concentración exacta de gente bloque por bloque.
El negocio detrás de las pantallas
Detrás de la mística y la logística de transporte, lo que se pone en marcha es un negocio tecnológico millonario. Hacen falta servidores con alta redundancia, enlaces de fibra dedicados, flotas de drones con transmisión encriptada y, por encima de todo, la plataforma de software que unifique las cámaras de Nación, Provincia y Ciudad en una sola interfaz.
Los mayores beneficiarios de estos eventos no son los fabricantes de vallas metálicas, sino los integradores de GovTech y seguridad privada que logran licitaciones y contrataciones directas para homologar sus sistemas en el Estado.
La gran pregunta que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y la justicia deberán responder no es cómo se cuida a siete millones de fieles, sino qué protocolos de destrucción de datos existen para los millones de registros pasivos generados durante esas 120 horas.